Recusados

SURda

 

 

Internacionales/Argentina

Luis Bruschtein

 

Los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa y el de la Cámara Civil y Comercial están cortados por la misma tijera. Una tijera que mostró el filo en el comunicado que hicieron conocer las asociaciones de magistrados como marco previo a las concesiones que se le hicieron al Grupo Clarín.

El fallo de la Cámara Civil y Comercial fue más allá de lo que esperaba la Corte y le dio a la megaempresa todo lo que exigía. Y lo mismo sucedió con Griesa que concedió a los fondos buitre todo lo que exigían. El filo de la ideología dura de esos fallos es que en ambos se ignoran los argumentos del Estado nacional. Sólo aparecen como sujetos de derecho las grandes empresas, la propiedad privada se convierte en el único principio a defender frente al interés público o el bien común que son despreciados o sólo tomados en cuenta como posible amenaza a los negocios. La concepción neoliberal de la economía y de la política toma cuerpo en la Justicia a través de estos fallos y sus consecuencias.

Una cosa lleva a la otra, porque por sobre todo aparece así la deformidad de una Justicia sometida a poderes fácticos. Una figura que ya era juzgada con ironía y desprecio en las letras criollas del siglo XIX y que nunca termina de ser superada.

La declaración de los magistrados que circuló en defensa de los jueces recusados por el Gobierno habla desde un pedestal que la Justicia argentina todavía no se ha ganado y que no lo hará en la medida en que permita actitudes falderas con los poderes fácticos.

Si hay algo de lo que podría estar orgulloso el ámbito de la Justicia argentina sería de los juicios a los viejos represores. Sin embargo, en su seno hubo más obstrucciones que respaldos a los reclamos de la sociedad durante más de 20 años para que fueran juzgadas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Hay jueces meritorios en esa trayectoria, pero lo real es que los juicios finalmente sólo pudieron efectuarse por la decisión que se planteó desde el poder político. El texto de defensa corporativa que hicieron circular los magistrados el jueves de esta semana, poco antes de que se conociera el fallo de la Cámara Civil y Comercial, es muy similar a los ataques de la corporación judicial contra Néstor Kirchner cuando el ex presidente expresaba su indignación por la demora de los juicios.

Cada vez que Kirchner se pronunciaba en ese sentido, había jueces y abogados que le saltaban a la yugular. Decían que era una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. “Avasallar”, “ignorar”, “pisotear”, todo eso decían que hacía Kirchner cuando criticaba a la Justicia por esas demoras. La Cámara de Casación llegó a frenar más de 190 causas, algunas de ellas por tres años. Cínicamente, el ex titular de ese tribunal, Alfredo Bisordi, y el ex fiscal Romero Victorica responsabilizaron a los familiares de los desaparecidos por esos retrasos, lo que motivó una reacción furibunda de los organismos de derechos humanos y más críticas públicas del entonces presidente. Al final, Bisordi fue obligado a renunciar para no llegar al juicio político que se le empezaba a plantear en la Magistratura. Al poco tiempo renunció Romero Victorica. Bisordi se dedicó entonces a defender a represores como Luis Patti ya sin ocultar su absoluta parcialidad ideológica, que demostró que las presiones de Kirchner estaban justificadas y sirvieron para depurar el Poder Judicial.

Cuando renunció, nadie salió en defensa de Bisordi porque el ciclo de las dictaduras ya estaba lejano y anacrónico. Pero lo defendieron durante la disputa. Y, en todo caso, no fue desde el seno de la Justicia que se impulsó su alejamiento.

Así un tribunal, subordinado a un poder fáctico como fue durante décadas la corporación militar, obstaculizó durante años los juicios a los represores y cuando se lo cuestionaba surgía a coro la defensa de la corporación judicial. Igual que sucede ahora en relación con una causa que involucra a otro poder fáctico, como es el poder económico, en este caso el Grupo Clarín.

Cuando los jueces defienden a algunos de sus colegas que han sido recusados por participar en actividades de lobby de esa gran empresa, tienen que asumir también su propia responsabilidad por la imagen de la institución que integran. La acusación fue muy concreta. Y además se producía después de que habían salido a la luz las maniobras del juez Ricardo Recondo que, como miembro de la Magistratura, frenaba el proceso natural para la designación de jueces, y aprovechaba entonces, como integrante de la Cámara Civil y Comercial, para elegirlos a dedo. A favor de Clarín o en contra de la ley de medios, las acciones de Recondo pusieron bajo la lupa a todos los jueces que tenían que actuar en relación con esa causa. Y de allí surgieron las recusaciones. Certal es una institución creada para realizar actividades de lobby a favor de las empresas de medios de comunicación. La hija del juez Recondo está a cargo de la parte argentina, donde tienen preeminencia los directores que provienen del multimedia local. En su declaración de principios, Certal dice que se dedica a esclarecer sobre la libertad de expresión en el continente. Obviamente nunca reconocerá que se trata del lobby empresario del sector, algo que es difícil de ocultar por su composición, por su financiamiento y por el tipo de actividades que realiza. La empresa puede organizar todo el lobby que se le ocurra. Pero los jueces tienen que cuidar su investidura y no mezclarse en estas actividades que involucran a una de las partes en litigio.

En función de esa estrategia, el Grupo Clarín, a través de sus múltiples negocios, también trabaja con gran cantidad de abogados de los principales estudios porteños. Esto genera vínculos familiares con funcionarios judiciales, lo cual también enturbia sus desempeños en causas ligadas con las empresas del grupo. El Estado usó este argumento para recusar a la jueza Graciela Medina. Finalmente la Cámara integrada por los jueces recusados pareció confirmar la veracidad de todas las recusaciones al emitir un fallo tan desequilibrado a favor de la megaempresa, una decisión tan desprolija que debería provocar la intervención de la Corte.

El fallo de la Cámara sirvió para demostrar, en todo caso, que el Estado no tiene influencia sobre la Justicia y que no puede decirse lo mismo del Grupo Clarín. O sea que la independencia de los jueces tiene más que ver con los poderes fácticos que con el Estado.

El Gobierno tiene un frente de tormenta muy fuerte con grandes corporaciones. Por un lado, está este litigio con el Grupo Clarín por la aplicación de la ley de medios que ya lleva tres años frenada por chicanas y cautelares. Por el otro lado, todavía está pendiente el fallo de la Cámara de Nueva York por los fondos buitre. Y de la misma manera aguarda otro fallo del Tribunal del Mar por el embargo de la Fragata Libertad.

Este escenario se completa con una fuerte puja con las grandes potencias por el proteccionismo aduanero. El Gobierno denunció ante la Organización Mundial de Comercio a los Estados Unidos y a la Unión Europea por impedir el ingreso de productos argentinos. En la contraofensiva, Estados Unidos y la Unión Europea se pusieron de acuerdo para presentar a su vez una denuncia contra Argentina por prácticas proteccionistas. Son los efectos de la crisis. Si el Gobierno afloja en alguno de los dos sentidos, el desempleo aumentaría vertiginosamente. Son situaciones ríspidas provocadas por la crisis en las economías centrales que buscan de cualquier manera exportar esa crisis a la periferia. Brasil afrontó el asedio con medidas similares a las de Argentina.

En el plano interno, las grandes corporaciones que actúan contra el Gobierno junto con la presión de las grandes potencias encontraron aliados de hecho aparentemente insólitos en los sindicalistas Pablo Micheli, del ala opositora de la CTA, la CGT de Hugo Moyano y la CGT de Luis Barrionuevo, que anunciaron una movilización contra el Gobierno para el 19 de diciembre, una fecha que rememora la rebelión de 2001, en la que no participó ninguna de esas fuerzas. En este juego de equívocos, se supone que es un sector gremial que se expresa en forma combativa, pero en su afán opositor termina por alinearse de hecho junto a fuerzas que siempre han sostenido gobiernos contrarios a los trabajadores. Con un discurso contra las corporaciones, movilizan para desgastar a un gobierno que está en medio de una fuerte confrontación con ellas. Desde el Gobierno repiten el dicho: “Hablar es gratis, lo que vale es lo que se hace”. En este sentido, las luces de alarma están prendidas en el oficialismo y no por esta movilización, sino por la posibilidad de un esquema desestabilizador más amplio.

Algunos dirigentes del kirchnerismo prevén un verano agitado en el que se definirán las pujas con el Grupo Clarín y con los fondos buitre mientras la crisis mantiene una fuerte presión sobre la economía y temen que ese cuadro pueda ser aprovechado para generar situaciones de desestabilización.

Fuente: www.pagina12.com.ar